29 noviembre 2022

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Pérez Astorga, bajo sospecha
de sobornos farmacéuticos

Rafael Pérez Cárdenas

En noviembre pasado, el entonces senador veracruzano Ernesto Pérez Astorga presentó una iniciativa para la creación de una nueva ley de Propiedad Industrial, con la que pretende abrogar la actual ley que data de 1991. En efecto, a pesar de sus constantes reformas, se trata de una ley que ha visto pasar decenas de tratados de libre comercio de nuestro país con muchos países del mundo.

En la síntesis de la iniciativa que se encuentra en la Comisión de Economía del Senado de la República señala que la nueva Ley de la Propiedad Industrial establecerá salvaguardar la propiedad industrial, regulará secretos industriales, sancionará los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan la competencia desleal de la misma, promoverá y fomentará la actividad inventiva de aplicación industrial, así mismo promoverá la difusión de conocimientos tecnológicos en el país.

También propone facultar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con acciones que fortalezcan su papel de autoridad, para condenar y cuantificar el monto de la indemnización respectiva, en cuanto la suspensión de libre circulación de mercancías, se amplía su alcance el abarcar la importación y exportación, transbordo o tránsito, conforme a las disposiciones legales disponibles en materia aduanera.

La firma legal BC&B indica que la iniciativa propiciará que los inventores puedan tramitar patentes de manera eficiente. De 1993 a 2018 se duplicó el número de solicitudes de patentes en México, al aumentar de 8 mil 212 a 16 mil 424 y el número de títulos de patentes creció de 6 mil 183 a 8 mil 921 en 2018; su incremento no fue proporcional al número de solicitudes, debido a las rígidas medidas del marco normativo.

Hasta ahora, la iniciativa había sido bien recibida porque pretende actualizarse en beneficio de los titulares de derechos de propiedad industrial, y que estos no se abstengan de ejercer derechos que les corresponden por la poca eficacia del sistema de administración de justicia.

Sin embargo, el día de ayer algunos medios pusieron énfasis en las “letras chiquitas”, ya que la nueva ley busca otorgar mayor protección de la patente de 10 a 15 años, a fin de incentivar a los inventores mexicanos a continuar innovando. Es decir, sugiere un “premio” al inventor.

Sin embargo, en la vida real esto no es tan plausible. Ayer en la periodista Lourdes Mendoza publicó en el diario El Financiero que tras la reforma se esconden intereses millonarios de las farmacéuticas; dijo que aprovechando la necesidad de hacer adecuaciones a la ley para dar vida al T-MEC, se aprovechó para dar un cheque en blanco a los dueños de las patentes de medicinas, lo que significa que millones de mexicanos seguirán pagando precios muy altos que podrían costar hasta una décima parte cuando estos se producen como genéricos.

Según sus fuentes, la iniciativa fue gestada desde la alta esfera de la industria trasnacional, y que parece traer impresos los nombres de Cristóbal Thompson y Rodrigo Puga, director ejecutivo y ex presidente de la AMIIF, y su equipo en cabildeo en el Senado, que trabajaron de la mano con los equipos de los senadores Gustavo Madero y Pérez Astorga, y claro, con el total aval y soporte de Juan Lozano, director general del IMPI, el cual depende de la Secretaria de Economía.

De avanzar esta iniciativa, acusó, sería en detrimento de la industria mexicana, que se ha desarrollado y fortalecido en los últimos años; significaría un impacto para las inversiones nacionales, fuentes de empleo, y sobre todo para la capacidad nacional de desarrollar ciencia, investigación y tecnología. El precio promedio de los medicamentos de patente es de mil 297 pesos, en comparación con el promedio de 23 pesos en medicamentos genéricos, sin que ello implique que se trata del mismo fármaco.

Se trata de un esquema silencioso donde se pagaría un sobreprecio por los medicamentos y se verían afectados todos los mexicanos. Las versiones genéricas de un medicamento pueden ser en promedio hasta 70 por ciento más económicas, ahora multiplique esto por los millones de piezas que el gobierno y los particulares adquieren cada año en nuestro país.

Por supuesto no sería una decisión exclusiva –menos ahora que se quedó sin chamba- del ex senador veracruzano, ya que tiene que pasar por el tamiz de Gustavo Madero, los senadores que integran la Comisión de Economía y el pleno de la Cámara de Senadores.

Sin embargo, la presunción de un negocio multimillonario ha dejado mal parado al efímero senador veracruzano.

Las del estribo…

  1. Otra vez, el gobierno morenista toma una decisión que ahuyenta la inversión extranjera. Otra vez Rocío Nahle dinamita un proyecto energético para apropiarse de él. La empresa española Iberdrola canceló una inversión de mil 200 millones de dólares para la construcción de una central eléctrica en Tuxpan, la cual habría representado 2 mil empleos para la región. Ahora dicen que la hará la CFE. ¿Y con qué dinero, si está quebrada?
  2. El PAN ya inició el análisis para la expulsión de al menos una veintena de alcaldes que aprobaron la reforma electoral. Hasta ahora, ni el PRI, PRD o Movimiento Ciudadano se han pronunciado del tema, o ¿acaso van a medir con distinta vara a sus diputados que a sus alcaldes? Sin una alianza, las porosas dirigencias estatales serán presa fácil del morenismo jarocho.