5 diciembre 2022

Entorno Noticias

Calidad Informativa

De razones y pasiones

5 minutos de lectura

Verónica Hernández Giadáns,

Fiscal General del Estado

Rafael Pérez Cárdenas

Cuando en junio de 2008 entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, que implicó cambios profundos a diez artículos -siete de ellos en materia penal- fue el primer paso de una transición entre el modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal democrático en México, ad hoc con estándares de derechos humanos constitucionalmente reconocidos.

En aquél año, el Congreso federal estableció un plazo de ocho años para su implementación por parte de las instituciones relacionadas con el sistema, por lo cual la meta se fijó para junio de 2016. Uno de los cambios más importantes implicaba la desaparición de las Procuradurías de Justicia –tanto la General de la República como la de las entidades federativas- para dar paso a un nuevo modelo de Fiscalía que daría cauce a todas las figuras concebidas en la reforma.

Con la reforma, los Procuradores dejarían de formar parte del Poder Ejecutivo –y por tanto, entidades subordinadas al poder y los intereses del gobernante- para convertirse en Fiscales con plena autonomía. Sin embargo, el modelo fue planificado para un país distinto a México.

Doce años después –acaso unos cuatro del vencimiento del término de su implementación-, las cosas no han cambiado. Los Fiscales siguen siendo una expresión del poder político de los gobernantes en turno (Presidente y gobernadores), con una absoluta subordinación a pesar del hipócrita discurso de la autonomía.

En el plano de sus competencias, el acceso a la justicia sigue siendo el pendiente histórico del Estado Mexicano. La impunidad sigue muy superior al 90% respecto de los delitos que se denuncias, las fiscalías –los antiguos ministerios públicos- siguen rebasados en su actuación y conocimiento; las policías ministeriales continúan siendo un refugio para la delincuencia y la corrupción –con sus múltiples excepciones-, promovido por sus propios mandos; y las víctimas siguen en espera de justicia y la reparación del daño. Así sucede en todo el país.

En el caso de la Fiscalía General del Estado en Veracruz, esta se convirtió en la arena de la lucha política entre diferentes grupos políticos y gobiernos. Durante todos estos años, al amparo de su autonomía, por la Fiscalía han desfilado toda clase de funcionarios públicos, con mucha o escasa preparación, que sólo son expresiones políticas del gobierno en turno.

Incluso, en medio de estas vendettas políticas, muchos funcionarios –incluyendo Fiscales Generales- han terminado en la cárcel o son prófugos de la justicia como sucedió con Luis Ángel Bravo y Jorge Winckler.

Y mientras, el trabajo se acumula y la justicia se aleja. Según expertos en la materia, la Fiscalía tiene un rezago de al menos dos décadas; el nuevo sistema de justicia penal entró en las leyes pero nunca en los ministerios públicos y la policía de investigación.

Actualmente, las unidades de procuración de justicia por distrito necesitan al menos de diez fiscales y están trabajando con cuatro en promedio. Ciudades como Veracruz, Xalapa, Poza Rica o Coatzacoalcos necesitarían al menos 25 fiscales. Hoy, un fiscal integra en promedio 150 carpetas de investigación al año –un promedio de una cada dos días-, lo que provoca que la impunidad siga siendo superior al 98%, como antes de la reforma de 2008.

Y si los fiscales están saturados, basta decir que la policía de investigación tiene el mismo número de elementos que en 1992, cuando se atendían unos 30 mil casos al año, mientras que hoy los agentes deben dar seguimiento a más de 100 mil carpetas de investigación en el mismo periodo. La justicia se ha convertido en un acto se suerte, no el derecho que establece la Constitución.

Pero nada de esto conoce ninguno de los diputados que habrán de elegir al nuevo Fiscal del Estado, cargo que recaerá en quien hoy ocupa su titularidad de manera interina, Verónica Hernández Giadáns. Con un proceso viciado de origen por violaciones al artículo 67 de la Constitución Política del Estado, los diputados de Morena habrán de imponer a un nuevo Fiscal como lo han hecho todos los gobiernos anteriores.

La actual Fiscal del Estado ocupa el cargo de manera provisional desde el 3 de septiembre del año pasado. Hasta ahora, la Fiscalía ha seguido funcionando como una agencia de colocaciones y pago de favores políticos, donde han arribado incluso personajes ajenos al estado de Veracruz.

Sin embargo, ella es la única candidata que reúne el perfil –el otro sería el abogado Tomás Mundo Arriasa, quien tiene el respaldo de la Barra Interamericana de Abogados y de la Red Veracruzano Inocente-, no por su experiencia en materia penal y procuración de justicia, sino porque cuenta con tres elementos sustantivos: es la propuesta del Gobernador ante el gobierno federal, cuenta con la certificación de confianza y es en este momento quien tiene el pulso de la Fiscalía.

Verónica Hernández Giadáns seguirá siendo la Fiscal General del Estado sólo que ahora de manera definitiva. No es la mejor pero es lo que hay.

 

Las del estribo…

1. Este fin de semana, grupos de la delincuencia organizada hicieron entrega de despensas a cientos de pobladores de varios municipios del estado. Lo hicieron a plena luz del día lo mismo en Veracruz que en Coatzacoalcos. Hasta ayer, el gobierno guardó silencio; acaso presumió la detención de 4 delincuentes en el municipio de La Perla, cuando los videos y fotografías acreditan la acción coordinada de decenas de personas encapuchadas que reciben el agradecimiento de la gente.

2. A una semana de que los “municipios de la esperanza” reinicien actividades públicas, las cifras del Covid siguen en una curva ascendente diametralmente opuesta al optimismo del Presidente y su gobierno. Ayer reportaron más de 2 mil casos y 132 muertos en un día. En realidad, la urgencia del Presidente es salir a las plazas a recuperar la popularidad perdida. La gente empieza a hartarse. La pandemia va para largo y el gobierno para muy poco.