5 diciembre 2022

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Revocación de mandato:

Cuitláhuac se tendría que ir

 

Rafael Pérez Cárdenas

 

En medio de la pandemia y de un gobierno que se cae a pedazos, el Congreso de Veracruz muestra un súbito interés por legislar a modo para acomodar las piezas políticas a futuro y que el gobierno morenista no resulte un ave de paso. La iniciativa de impedir la revocación de mandato de Cuitláhuac García no es un blindaje como se ha dicho, sino una burda acción de inconstitucionalidad y desafío al principal promotor de esa iniciativa: el Presidente López Obrador.

 

Desde la campaña electoral, López Obrador abanderó la revocación de mandato como la esencia democrática de su gobierno: “el pueblo pone, y el pueblo quita”. Y bajo esta argucia pretende convertirse nuevamente en candidato en el proceso electoral de 2021, al tiempo que se mantiene en el poder como Presidente.

Pero en Veracruz la cosa es diferente. Cuitláhuac no es Andrés Manuel y él lo sabe como lo sabemos los otros ocho millones de veracruzanos. Las encuestas confirman que ir a la revocación de mandato es un suicidio. Esa fue la razón –no hay otra- de que el sábado pasado, el grupo parlamentario de Morena haya presentado una iniciativa que pretende brindarlo de una obligación constitucional: que la gente decida si se va o se queda.

Con un Congreso vacío por las restricciones sanitarias, casi en la clandestinidad, Morena presentó una serie de reformas de carácter electoral en las que incluyó los temas sobre los que podrá convocarse a consulta popular. Propone que la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular no podrán ser objeto de consulta, por lo que se cancela toda posibilidad de la revocación de mandato.

Lo que deliberadamente los legisladores morenistas pretender ignorar es que la Constitución no concede a los estados la decisión de realizar o no la consulta, sino solamente establecer el procedimiento. El artículo 116 constitucional, en su fracción I, señala: “Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad.”

Sin embargo, la única norma que intentan imponer es impedirlo. Cualquier recurso de inconstitucionalidad la echará abajo, como abajo echó la Suprema Corte la Ley Bonilla en Baja California, que pretendía extender el mandado del Gobernador.

La iniciativa morenista nació muerta: es una flagrante violación a la Constitución federal que sólo refleja el fundado temor de que el gobernador sea removido del cargo por decisión de la gente y no por un acuerdo político que lo rescate. Los diputados saben que si se va Cuitláhuac, se van todos. Es al mismo tiempo, la negación a los principios políticos del Presidente –quien insiste en someterse a este proceso en 2021- y la más diáfana expresión de que los principios ideológico de Morena son sólo retórica.

En noviembre pasado, tres días después de que el Congreso aprobara la reforma que establece la figura de revocación de mandato, el gobernador de Puebla Miguel Barbosa (Morena) publicó un artículo sobre el tema. Seguramente no llegó al escritorio de su homólogo veracruzano, por lo que aquí se comparten sus partes sustantivas:

Una vez que esta reforma sea aprobada por la mayoría de las legislaturas locales, se habrá consumado uno de los cambios más importantes de nuestro sistema político: la posibilidad de revocar el mandato del Presidente de la República, de los gobernadores y del jefe de Gobierno de Ciudad de México. La reforma aprobada también hace viable la consulta popular, contenida desde hace años en la Constitución, pero imposible de ejercer en la realidad.

El fundamento de la revocación de mandato está en el reconocimiento de que la soberanía dimana de la voluntad del pueblo. En democracia son los ciudadanos los que hacen posible, por medio de su voto, que una persona ejerza el poder, pero cuando esa persona falle en su propósito, cuando cometa acciones que denigren su investidura o vayan contra principios fundamentales, la ciudadanía tiene derecho de revocarle su mandato.

“El pueblo pone y el pueblo quita”. No solo es una frase retórica o de campaña, expresa un aspecto fundamental del ciudadano en los regímenes democráticos. Nuestra democracia estaba trunca si la ciudadanía continuaba sin tener la posibilidad de revocar el mandato que ellos mismos otorgaron en las urnas. La revocación de mandato es la manifestación de la voluntad social que permite a la ciudadanía sustituir democráticamente a sus gobernantes.

En Morena están desesperados. Si la aprobación del mandatario estatal se mantiene en los niveles actuales, es tiempo de que vaya preparando sus maletas.

 

Las del estribo…

1. El tema del aislamiento a causa de la pandemia es cada vez más polémico. Hasta ahora, Xalapa registra apenas 19 contagios y una defunción; sin embargo, son cientos los comercios que han cerrado y miles de personas que han perdido su empleo en una ciudad paralizada y sin alternativas. El gobierno no trabaja, las empresas tampoco. En muchos sentidos, la medicina será mucho más grave que la enfermedad; al parecer, la quimio de la cuarentena está matando al enfermo.

2. El activismo de la diputada federal Anilú Ingram para echar abajo la propuesta del diputado Amado Cruz de allanar el camino de Rocío Nahle convirtiéndola en veracruzana por decreto, la muestra lastimada en sus intereses. Hasta ahora, ella se observa como la única mujer con posibilidad de alcanzar la candidatura. Sigue escuchando historias de amor.