Avala Diputación Permanente diversos dictámenes a favor de municipios
2 minutos de lectura• Da trámite a los acuerdos presentados por las Comisiones Permanentes de Hacienda Municipal y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal
De la redacción
Durante la Quinta Sesión Ordinaria, la Diputación Permanente aprobó cuatro dictámenes de acuerdo emitidos por dos comisiones legislativas y que tienen como finalidad dar certeza jurídica a los actos signados entre diferentes ayuntamientos y dependencias estatales y federales.
En primer término, fueron aprobados los dictámenes suscritos por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal por los que se autoriza a los ayuntamientos de Cuitláhuac, Fortín, Soconusco, Tenochtitlán y Xalapa la donación de terrenos a favor del Gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para el uso exclusivo de las instalaciones educativas, así como de una supervisión escolar de educación primaria.
A propuesta de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, también fue autorizada la enajenación de 85 lotes de terreno pertenecientes al fundo legal del Ayuntamiento de Alvarado, a favor de igual número de personas que acreditaron ser posesionarias.
El objetivo de lo anterior es la regularización del estatus legal y la certeza jurídica, toda vez que la falta de derechos de propiedad pudiera provocar exclusión de los habitantes limitándolos o privándolos de beneficios asociados al desarrollo urbano, además de representar un déficit en los ingresos tributarios ante el inexistente cobro de impuestos municipales.
De igual forma, este Congreso concedió anuencia al Ayuntamiento de Coatzintla para celebrar contrato de comodato con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), para el uso de un bien inmueble ubicado en la carretera Poza Rica-San Andrés, para la instalación de una oficina de Hacienda del Estado.
Por último, la Diputación Permanente determinó que el Ayuntamiento de Tuxpan reponga el trámite presentado anteriormente para la desincorporación de bienes de uso común de propiedad municipal, para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil del índice del Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo y juicios federales.