De razones y pasiones
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¿Y si la SCJN invalida la
reforma electoral de Veracruz?
Rafael Pérez Cárdenas
En caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide la reforma electoral aprobada en mayo pasado por el Congreso se podría armar un lío gordo. En principio, la primera cuestión sería que el proceso electoral deberá iniciar en menos de dos semanas, además del impacto financiero que tendría para el estado el tema de las prerrogativas a los partidos políticos.
Sin embargo, tampoco es un juego de todo o nada. La Corte podría dar por válidas algunas reformas –las cuales ya han sido ratificadas en otros estados- y anular otras, lo que de todos modos tendría un impacto en la organización y el costo del proceso electoral del próximo año.
Apenas con los votos necesarios, el Congreso de Veracruz aprobó en mayo pasado la reforma constitucional en materia electoral, en la que se incluyó la desaparición de los Consejos Municipales del OPLE, la reformulación para la asignación de prerrogativas a los partidos políticos y se excluyó la figura de revocación de mandato del Ejecutivo Estatal. El resto se trató de normas que sólo armonizaron la Constitución local con la de federal.
La Corte tendrá que resolver antes de que termine el mes. Sea cual fuere su decisión, el proceso estará en el filo de la legalidad y la gobernabilidad; si la echa abajo, se retomaría el calendario original y el costo inicial del proceso; si la ratifica, los conflictos por la desaparición de los consejos municipales y la reducción de las tareas del OPLE pondrán en riesgo la jornada electoral. Al final, el tema de las prerrogativas sólo impacta a los partidos políticos.
La acción de inconstitucionalidad presentada por los distintos partidos políticos se refiere a cuatro aspectos fundamentales. La primera impugnación es al proceso legislativo, de tal forma que el Congreso deberá entregar a la Corte, copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo, así como los votos de los ayuntamientos, y los respectivos diarios de debates. Hay constancia de que el dictamen fue circulado a los diputados locales el mismo día de la sesión.
El segundo punto es la equidad constitucional en materia de prerrogativas de los partidos políticos. En este caso, la impugnación no obedece al monto de los recursos públicos, sino a la necesidad de que la Constitución de Veracruz observe una equidad con la Constitución federal. En decir, si a nivel federal ya se establece una fórmula, esta debe tener concordancia en la legislación local. En este caso, otras entidades federativas lograron salvar la aduana de la Corte y se mantuvo la nueva fórmula local impuesta. Aquí la urgencia es para el gobierno que ha dicho que podría recuperar más de 170 millones de pesos.
El tercer punto impugnado es la desaparición de los Consejos Municipales del OPLE, lo cual se ha convertido en una estrategia que Morena está impulsando a nivel nacional. El debilitamiento de los órganos electorales no los hará más eficientes, por el contrario, los hará más vulnerables a la violencia que se pueda generar cuando el escrutinio y cómputo de la elección de Ayuntamientos se realice en otro municipio.
Y en el caso de la revocación de mandato, si bien el Congreso cuenta con un periodo para proponerla y aprobarla, es evidente que en la armonización de la ley federal en materia electoral hubo una intención evidente de excluir este tema para evitar que el mandatario de Veracruz sea sometido a este proceso.
De hecho, casi en la clandestinidad, el martes pasado se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el reglamento para la implementación de los mecanismos de democracia directa del OPLE, en el que sólo se mencionan la iniciativa ciudadana y la consulta popular. La revocación de mandato tendrá que esperar su momento.
De la reforma al Código Electoral aprobada a principios de octubre, el punto más álgido será la decisión de que sea el OPLE quien lleve a cabo el PREP. Este es un sistema que da certeza y el temor es que al tener un periodo tan corto para implementarlo por parte de la autoridad electoral, se pudieran generar fallas como sucedió en Hidalgo. De hecho, en una elección prácticamente sin impugnaciones, el propio INE que iniciará una investigación sobre lo que sucedió con el PREP en ese estado.
Morena no ha logrado elegir siquiera a su dirigencia nacional; ahora pretende llevar a los tribunales las elecciones del próximo año.
Las del estribo…
- Desde las entrañas del TSJE me aclaran: el gobernador no se ha desentendido de la crisis del Poder Judicial, por el contrario, sus halagos a las magistradas jóvenes de recién ingreso es el anuncio del relevo inminente de Sofía Hernández Huerta apenas cumpla el protocolo de su primer informe. La Presidenta ya anunció a sus allegados su renuncia; buenas noticias para el Secretario de la SIOP, quien tantos problemas tiene con la justicia.
- No cabe duda que el Covid19 es un virus conservador y corrupto, que está sumamente molesto con la transformación del país. Es un coronavirus que ha perdido privilegios y por eso decidió contagiar sólo durante este gobierno. ¿Dónde estaba cuando gobernaba el PRIAN? Mira que contagiar solamente a las principales figuras del morenismo: seis miembros del gabinete, Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky, Gibrán Ramírez y ahora Fernández Noroña.
