De razones y pasiones
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IVM: soberbia, indolencia e incapacidad
Rafael Pérez Cárdenas
Ayer, después de un año cuatro meses, el gobernador Cuitláhuac García recordó que existe el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), que no ha cumplido su función y que debe reestructurarse. No le falta razón. Sin embargo, lo que no le explicaron es que durante todo este tiempo, ha sido una encargada de despacho impuesta por su administración quien ha dejado de hacer esta tarea.
En el marco de la celebración del Día de la Independencia, el Gobernador señaló que tras de un año sin titular –Yolanda Olivares Pérez presentó su renuncia el 15 de mayo de 2019- y ante la violencia constante de la que siguen siendo víctimas las mujeres en el estado, se plantea cómo reactivar el Instituto. Es decir, después de transcurrir casi la cuarta parte de su administración, aún no saben qué hacer con el organismo ni con su encargada María del Rocío Villafuerte Martínez.
El gobierno de Veracruz se ha dado el lujo de desmantelar el IVM en el peor escenario posible: siendo el único estado del país con dos alertas de género –y la amenaza de una tercera por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)- además de ser el segundo a nivel nacional con el mayor número de feminicidios y otros delitos de violencia en contra de las mujeres.
De hecho, el próximo 23 de noviembre se cumplirán ¡cuatro años! de haberse declarado la primera de las dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres para Veracruz, las cuales tienen el objetivo de enfrentar y erradicar la violencia feminicida además de exhibir la existencia de un agravio comparado en Veracruz. Alertas que se han emitido a tres gobiernos distintos, de diferentes partidos, cuya respuesta ha sido exactamente la misma, la perversa indolencia y la cínica justificación.
La alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección que consiste en acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado -municipio o entidad federativa-; la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En noviembre pasado, durante una visita a Xalapa, la propia María Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), acusó al gobierno de Veracruz de no respaldar el trabajo que académicas realizan en la entidad con motivo de las dos Alertas de Violencia de Género que existen; incluso no descartó la emisión de una tercera, lo que sería absolutamente excepcional y vergonzoso. Sólo por una razón política la han detenido.
La regañiza –a la que María del Rocío Villafuerte Martínez respondió con la misma caterva de justificaciones como lo hizo ayer- fue durante un evento para echar a andar “el elefante blanco”, en que se había el Centro de Justicia Integral para las Mujeres en Xalapa, según acusó la propia CONVAVIM.
Pero si el asunto del desdén a las alertas de género es grave -la última información sobre la alerta de género en Veracruz publicada en el portal del gobierno estatal corresponde a la administración de Miguel Ángel Yunes-, la violencia feminicida que vive Veracruz desde hace dos años es brutal. Nuestro estado registró el mayor número de feminicidios a nivel nacional durante 2019 y hoy pretenden justificar que el estado de México ya nos superó.
Basta ver las cifras oficiales: en siete meses la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 2 mil 412 denuncias por delitos contra mujeres que fueron víctimas de feminicidio, homicidio doloso y culposo, lesiones dolosas y culposas, secuestro, extorsión, trata de personas, corrupción de menores y violación. Nada se sabe de su avance a pesar del impacto mediático de algunos casos, como el del homicidio de una directora de escuela en la zona de La Pradera.
De acuerdo con el reporte de Información Sobre Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública -basado en la información registrada en las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y que son proporcionadas cada mes por las procuradurías y fiscalías generales del país-, se registraron 52 feminicidios y 59 homicidios dolosos en contra de mujeres, es decir 111 de ellas han perdido la vida de forma violenta en sólo siete meses.
La falta de una respuesta a las alertas de género y la creciente violencia impulsaron hace diez días a un grupo de organizaciones y mujeres de la sociedad civil a iniciar un proceso judicial para obligar a la Secretaría de Gobierno a emitir una convocatoria para la elección de titular del Instituto. La de ayer fue una tímida y evasiva respuesta por parte del Gobernador.
El Instituto Veracruzano de las Mujeres es una muestra más de la soberbia, indolencia e incapacidad de un gobierno que se presume como feminista y defensor de los derechos humanos. Sin embargo, sus actos y omisiones hablan por ellos.
Las del estribo…
- “Cuando despertó, el avión todavía estaba allí”, publicó ayer el diputado Héctor Yunes en su cuenta de tuiter, parafraseando al escritor Augusto Monterroso. Tras el circo morenista, el avión está en el mismo lugar que al principio: guardado y sin ningún comprador. Comparar la nacionalización petrolera de Lázaro Cárdenas con un falso sorteo de lotería es demencial.
- Un avestruz llamado Sofía Martínez Huerta. Ayer, la Presidenta del TSJE negó que se haya realizado la reunión del pleno en la que se habría aprobado presentar una controversia ante la SCJN para defender a los magistrados removidos que gozaban de amparo; además, guardó silencio cuando se le cuestionó sobre la acusación del Gobernador contra jueces que liberan delincuentes. Si por ella fuera, no volvería a abrir el Tribunal hasta el 2024, pero hoy tendrán que levantar la cortina.
