De razones y pasiones
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El Poder Judicial, una vergüenza
hasta para el Gobernador
Rafael Pérez Cárdenas
La frustración por lo que pasa en el Poder Judicial ha llegado hasta el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. El viernes pasado, durante la reunión de la Mesa de Seguridad –aunque moderado como es-, el mandatario estalló en contra de la actuación de muchos jueces que con absoluta ligereza dejan en libertad a presuntos delincuentes.
Esta conducta responde al menos a dos razones: una mala integración –deliberada o no- de las carpetas de investigación por parte de los fiscales y la red de corrupción que se teje al interior de los juzgados con la complicidad y complacencia de las autoridades judiciales. Cuando un ministerio público o un juez se meten en problemas, lo peor que suele sucederles es que los cambien de adscripción.
Como fuere, los pocos logros de la policía estatal y los agentes ministeriales suelen caerse ante el juez. La prudencia del mandatario evitó que se refiriera abiertamente a cualquiera de estas razones pero su molestia lo delató. Pidió al Poder Judicial –la abstracción no exime de su responsabilidad a la Presidenta del TSJE impuesta por su gobierno- revisar “escrupulosamente” los diversos procesos de sus jueces para evitar que, al aplicar medidas cautelares, dejen en libertad a presuntos delincuentes.
Frente a los mandos militares y responsables de la seguridad pública –reunión a la que tendrá que asistir la Presidenta del Tribunal para que entienda la importancia del trabajo del Poder Judicial en la pacificación del estado-, el Gobernador aseguró que en algunas ocasiones, los juzgadores van en contra sus propias resoluciones, dificultando la acción de la autoridad, lo que ha dado lugar cambios en medidas cautelares o posponiendo audiencias donde se les solicitan órdenes de aprehensión.
No dijo sin embargo si esto es resultado de la incapacidad, la corrupción o incluso de amenazas contra los juzgadores. “Exhortamos, con el debido respeto, al Poder Judicial para que revise escrupulosamente procedimientos de su competencia que resultan en demérito de la justicia tan demandada por las víctimas y el pueblo en general”, publicó a través de redes sociales.
Mientras eso sucedía en Palacio de Gobierno, el otro Palacio, el Judicial, se convertía de un verdadero pancracio. Sin el menor pudor y llevando una animadversión personal a actos jurídicos y administrativos, la presidenta Sofía Martínez Huerta mantiene una lucha frontal en contra de las magistradas que cuestionan no sólo su gestión –salpicada de corrupción y nepotismo-, sino también su formación y conocimiento.
El exhorto del mandatario de meter orden al Poder Judicial fue contestado con un escándalo por la filtración de una conversación telefónica. En ella la presidenta Sofía Martínez Huerta exige a la magistrada Concepción Flores Saviaga adscribir a María Lilia Viveros Ramírez en la Octava Sala, reclamando al mismo tiempo que “conserve la cordura y deje de estar con las acciones que está haciendo (sic)”.
Ante la airada exigencia, Flores Saviaga requirió a la Presidenta un escrito en el que solicite la toma de posesión de la oficina del magistrado Roberto Dorantes Romero, a quien se le aplicó el retiro forzoso pese a contar con un amparo contra su jubilación anticipada por cumplir 70 años.
Encolerizada, la Presidenta advirtió que no giraría oficio alguno y que puede haber consecuencias ante la negativa de la Octava Sala, pues tomará «acciones» (sic) debido a que es obligación recibir a Viveros Ramírez, ya que el pleno del Tribunal determinó asignarla en esa plaza.
La grabación y filtración deliberada, la evidente incapacidad e inexperiencia de la Presidenta y los conflictos internos del Pleno y el Consejo de la Judicatura del TSJE explican la grave situación de la justicia que ha hecho del Gobernador una víctima más del sistema. ¿Será esta la justicia plena y expedita a la que se refirió la Fiscal?
Eric Cisneros, Fiscal y jardinero
Desbrozadora en mano –hasta en los jardineros hay niveles-, el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, se fue a hacer campaña electoral al puerto de Veracruz y de paso ir a confrontar al presidente municipal. Muestra que ha recuperado por completo la salud luego de ser diagnosticado por Covid19, el funcionario recordó su proclividad a mostrar quien manda y su incontrolable incontinencia verbal.
Respecto al crimen de una docente en el municipio de Amatlán, hecho que ocurrió a plena luz del día y frente a la hija de la víctima, Cisneros asumió su tarea como Fiscal y dijo que hay una investigación abierta, en la que hay personas ya señaladas como los probables responsables. “Lamentablemente a veces hay cosas en las que no deberíamos involucrarnos, por eso nos vamos a ir con calma en ese tema”, dijo.
Nuevamente, como lo hacían en el pasado, el gobierno culpa a la propia víctima de su fatal desenlace. ¿En qué cosas estaba involucrada la maestra y porqué el funcionario busca re victimizarla? Todos saben quién manda en la Fiscalía a través de una ex colaboradora, pero ¿es necesario mostrar su poder y la sumisión de la FGE cuando asegura que se irán con calma en este tema?
Las del estribo…
- ¿De cuánto es la cuota de firmas que impusieron a los gobernadores de Morena para enjuiciar a ex presidentes? Resulta que la Dirección de Transporte del Estado ha enviado el formato a cada uno de los concesionarios de transporte público para que recaben al menos diez firmas y puedan simular la “espontánea” exigencia de la gente. Eso explica el carrusel de funcionarios estatales que han ido a tomarse la foto, ¿o se trata de alguien a quien le sobra tiempo, iniciativa e imaginación?
- El problema no es que le hayan negado el registro al Partido México Libre –en todo caso es asunto de Calderón y sus simpatizantes-; el problema es que se lo negaron supuestamente por no transparentar el origen del 5 por ciento de sus aportaciones. Acaso sabe el INE ¿cuánto dinero recibieron Pío y los otros recaudadores de Morena antes de la elección de 2018? Qué bueno que sancionen las irregularidades, qué mal que lo hagan de manera selectiva.
