De razones y pasiones
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Los compadres imponen
académicos en la UV
Rafael Pérez Cárdenas
Cuando la Universidad Veracruzana presume de haber erradicado viejas prácticas de influyetismo y compadrazgo, salen a la luz una serie de denuncias públicas sobre los procesos de selección de aspirantes a plazas de académicos de tiempo completo, en el que funcionarios a modo y la representación de la Fesapauv mantienen el control de los Consejos Técnicos y jurados.
El noviembre de 2018 se publicó una convocatoria para ocupar diversas plazas de académico de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, entre ellas una para la Facultad de Contaduría y Administración en la región Xalapa, en la que la participó una de las denunciantes.
Como parte del proceso, el Consejo Técnico de la Facultad, órgano colegiado formado por académicos, estudiantes y autoridades, nombró el jurado y definió el tema para el examen de oposición, que contempla un examen de méritos académicos y uno demostrativo.
Al conocerse los nombres de los candidatos por la plaza se detectó que en el Consejo Técnico, uno de los participantes tenía dos compadres, y en el jurado de tres miembros que nombró dicho Consejo, dos integrantes también eran sus compadres, uno de ellos directivo del Fesapauv y otro hermano de un funcionario universitario. Al aspirante le faltaba conocimiento pero le sobraban amarres.
Según la denuncia hecha llegar a este columnista, se informó oportunamente al Director del Área Académica Económico Administrativa. Dr. Arturo Bocardo Valle, para que interviniese y solventara la anomalía -considerada en la legislación universitaria-, antes de que se materializara un posible conflicto de interés, pero nunca se tuvo la voluntad de corregir. No es de sabios imaginar que la plaza la ganó el compadre.
Siguiendo los lineamientos de la normativa, la denunciante presentó su queja pero dos instancias académicas (Junta Académica y Comisión de Honor y Justicia) avalaron los resultados, pese a la evidencia de violaciones a la norma en el proceso, de la actuación del jurado favoreciendo al compadre, restando puntos de manera premeditada, y de un trato diferenciado y agresivo hacia su persona por parte del jurado.
Si los miembros de la Junta Académica y la Comisión de Honor y Justicia están de humor, se les puede facilitar el video que documenta estos hechos.
Agotadas las instancias académicas, la frustrada aspirante acudió a la Contraloría de la Universidad para interponer una queja; después de siete meses la contraloría se declaró incompetente para juzgar el actuar de los académicos, pero resolvió sobre el proceso y sobre las autoridades que intervinieron desde el consejo técnico.
Optó por una salida que no lastimara a los académicos ni a la Fesapauv: recomendó repetir el proceso desde la convocatoria porque violentaba derechos universitarios y observó faltas de las autoridades (expediente UV-CG-AI-008/2019).
La Secretaria Académica de la Universidad envió a su abogado para informar que se acataría la recomendación para repetir el proceso y después, sin explicación alguna, se desistió. No conforme con ello, el defensor de derechos universitarios, que recibió el expediente de la contraloría para investigar sobre el actuar de los académicos, emitió una resolución de No violación, contrario a lo que el órgano de control universitario señaló con detalle: faltas en la convocatoria, en el actuar del consejo técnico, en la forma que se gestionaron las inconformidades por el director de la Facultad, entre otras. Sobra decir que ambas autoridades revisaron el mismo expediente.
Es posible que las instancias que debían corregir las violaciones a la ley universitaria fueron influenciadas por otras autoridades de alto nivel e incluso por el sindicato; que la rectora no tuvo toda la información del caso, y que quienes manejan estos procesos actuaron con un enfoque parcial.
Lo anterior se confirma porque la plaza fue asignada y se paga con regularidad, a pesar de que “perviven” –Sánchez Cordero dixit- acciones legales en proceso respecto al caso. Se pretende, desde diversos actores de la institución, que sea otro caso más de violencia contra la mujer que queda en el olvido y la impunidad. Toca el turno que la Junta de Gobierno y la Rectora intervengan para salvaguardar el marco normativo en la Universidad.
Por supuesto que la rectora Sara Ladrón de Guevara no puede estar todo el tiempo y en todo lugar, pero parece que el influyentismo y el compadrazgo sí. Por si lo necesitan, las pruebas documentales están a su disposición.
Las del estribo…
1. La reforma a la Constitución aprobada por el Senado en octubre pasado –y que entró en vigor el 20 de diciembre- mandata a los estados a legislar sobre revocación de mandato, no sobre la consulta popular como sucedió el martes. Si en verdad el gobernador profesa el mandamiento de que “el pueblo pone y el pueblo quita”, basta con mandar la iniciativa al Congreso y todos felices.
2. Verónica Hernández Giadans dice que no es una expresión de Palacio y que sus resultados la avalan en su aspiración por ocupar de manera definitiva el cargo de Fiscal General del Estado. Lástima que el Secretario de Gobierno salga un día sí y otro día también como vocero de la dependencia, lo que echa por tierra los esfuerzos por cortar el cordón umbilical. Está claro quien manda.
