De razones y pasiones
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Enjuiciar a ex Presidentes,
el delirio de los 8 mmdp
Rafael Pérez Cárdenas
La gran mayoría de los mexicanos queremos que los ex Presidentes que hayan cometidos delitos de cualquier índole –no sólo por corrupción y enriquecimiento- sean llevados a juicio… pero no a cualquier precio. De la forma en que pretende hacerlo el Presidente, delegando la responsabilidad a la población y no al sistema de justicia, nos costaría una flagrante violación a la Constitución, a los derechos humanos y al debido proceso, además de que el delirio de la consulta popular tendría un costo aproximado de 8 mil millones de pesos.
En caso de que pase todas las aduanas – el Congreso federal, la Suprema Corte y el Instituto Nacional Electoral-, para ser vinculante la consulta popular tendría que realizarla el INE, con la misma metodología y recursos con las que realiza un proceso electoral convencional. ¿Hay dinero suficiente para realizar un proceso electoral en junio de 2021, y dos meses después, una consulta popular para enjuiciar a ex presidentes? Es evidente que el propósito es tener una bandera de campaña y no un juicio contra los ex mandatarios.
Según cálculos del INE, la caprichosa consulta sobre ex presidentes le costaría al país alrededor de 8 mil millones de pesos, en medio de una crisis donde no hay dinero para atender a niños con cáncer ni para dar protección al personal médico que atiende la pandemia y cuando se necesitarán miles de millones de pesos para garantizar la cobertura universal de la vacuna contra el Covid19.
La propuesta del Presidente en realidad es altamente improbable en lo jurídico, en su proceso de organización y en el costo que representa, aun cuando López Obrador insista en que respetará el fallo popular. En todo caso, corresponderá a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de la Federación realizar lo conducente, aunque la arrogancia de sentirse independientes le incomode. Eso lo decidirá la Corte y no el Presidente.
Pero eso no importa. Cuando la consulta se caiga en cualquiera de las instancias previas, López Obrador podrá decir una vez más –en medio de la campaña electoral- que las instituciones neoliberales estorban al proyecto de nación que él ha propuesto y que son estas mismas instituciones las que protegen a los imputados e impiden que se cumpla con la voluntad popular y se imparta justicia.
Como todos lo saben, incluso el Presidente, el juicio en contra de los ex Presidentes no necesita de la consulta popular sino de las pruebas que confirmen su responsabilidad en actos constitutivos de delito. Si la autoridad tiene indicios o pruebas de que alguien cometió un delito, debe actuar como lo manda la Constitución. Si no lo hace teniendo evidencias se convierte en cómplice; si sólo lo usa para desacreditar, para hacer propaganda electoral, es un atrabiliario, alguien que utiliza su poder para hacer daño a otros, como le definió José Woldenberg.
Uno de los artífices de la transición democrática en México explica que la propia Constitución establece límites a las consultas, y aunque en efecto quienes las pueden solicitar son los mencionados por el Presidente –un porcentaje de los ciudadanos, una fracción de los diputados o él mismo-, el artículo 35 establece que “no podrá ser objeto de consulta popular la restricción a los derechos humanos”, de tal suerte que la ocurrencia presidencial, que al parecer la quieren hacer suya algunos legisladores de Morena, seguro no pasaría por la aduana de la Corte.
Pero el problema no sólo está en la forma sino también en el fondo. Las preguntas son muchas y hasta ahora ninguna respuesta. Como plantea Woldenberg, en el caso de que se llevara a cabo la consulta, ¿cómo se haría?: ¿se preguntaría por todos los presidentes juntos como si fueran en un costal de papas o uno por uno? ¿se enunciarían sus presuntos delitos o no? ¿existen diferencias entre ellos o son lo mismo? ¿no sucederá que algunas infracciones ya prescribieron? ¿se les acusará de ser “neoliberales” como si ello fuera un delito? Si los votantes dicen sí y luego la Fiscalía no encuentra elementos ¿qué pasaría? Si los votantes dicen no y la Fiscalía sí encuentra pruebas para incriminarlos, ¿qué prevalecería?
El engaño ha resultado muy rentable para el Presidente; la gente no presta atención a lo que debe saber sino a lo que prefiere escuchar. De acuerdo con una encuesta del diario El Universal, 9 de cada 10 mexicanos está a favor de que se juzgue a los ex funcionarios que hayan cometido algún tipo de delito y un 95.6% consideró que López Obrador debe llevarlos a juicio, como si ello estuviera en sus facultades.
Estamos ante una nueva ocurrencia cuya finalidad no es la de impartir justicia sino la de armar una nueva campaña de propaganda contra los políticos del pasado y a favor del gobierno actual. Es la guerra por los votos, no por la justicia.
Además, es el distractor perfecto para olvidarse de la nueva temporada de video escándalos, donde se asegura que Pío López Obrador aparece en otros quince capítulos. De eso platicamos mañana.
Las del estribo…
- El subejercicio ha sido un cáncer de la administración pública que suele albergar mucha corrupción. Con las reformas aprobadas ayer a iniciativa del Gobernador, las dependencias del ejecutivo, los poderes legislativo y judicial y los organismos autónomos tendrán que ejercer su presupuesto o devolverlo al erario estatal. Se acabaron los contratos de pánico a finales de diciembre, so pena de recibir sanciones administrativas y hasta penales. Sería un crimen que ante la reducción que habrá del presupuesto, haya instituciones que no lo ejerzan por incompetencia.
- Loable pero incompleta la iniciativa de exigir la cédula profesional a quienes aspiren a un cargo público, a ser magistrados del TSJE o integrantes de los organismos autónomos. Esto no sólo evitará que se siga con el tráfico de títulos falsos, sino que se dará cuenta de una mejor formación profesional. El asunto es que también debe ser exigible para los diputados, quienes forman parte de un poder y realizan una función especializada. No deben hacer de ellos mismos un caso de excepción y privilegio.
