Agresor de Nancy sale del penal de La Toma y permanece bajo arraigo domiciliario
Por: Gerardo Luna
Amatlán, Ver.- Una reciente resolución judicial ha generado controversia y preocupación entre colectivos feministas, organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía, luego de que la jueza de control del Centro de Readaptación Social “La Toma”, Janet otorgara el cambio de medida cautelar a un imputado por tentativa de feminicidio, permitiéndole continuar su proceso en arraigo domiciliario en lugar de prisión preventiva.
De acuerdo con información proporcionada por personas allegadas a la víctima, identificada como Nancy, el agresor Tomas Adhir “N” fue beneficiado tras diversas solicitudes realizadas por sus defensores a lo largo del proceso penal.
La resolución fue dictada por una jueza que, según versiones de familiares de la víctima, no había llevado previamente el caso ni contaba con un conocimiento profundo del expediente.
Durante la audiencia en la que se discutió la modificación de la medida cautelar, la víctima expresó directamente a la jueza su temor por su integridad física y emocional, señalando que el domicilio propuesto por la defensa para el arraigo domiciliario del imputado se encuentra a escasa distancia de su vivienda.
Además, manifestó su preocupación por una posible evasión de la justicia o represalias.
No obstante, el argumento del tribunal fue que la vigilancia policial sería suficiente para garantizar la seguridad tanto de la víctima como del proceso judicial.
Esta decisión ha sido fuertemente cuestionada por sectores que consideran que no se tomó en cuenta el principio de perspectiva de género ni el deber del Estado de proteger a las víctimas de violencia.
La tentativa de feminicidio es considerada un delito grave en el sistema penal mexicano, y la prisión preventiva suele ser la medida cautelar aplicada cuando existe riesgo para la víctima o peligro de fuga.
Por esta razón, el cambio de medida ha generado reacciones adversas, en particular porque se percibe como una acción que podría vulnerar los derechos de la víctima y poner en riesgo su integridad.
Diversos sectores de la sociedad han exigido una revisión exhaustiva de esta resolución y la intervención de autoridades superiores para asegurar que se respeten los derechos de las víctimas conforme a lo establecido en la legislación nacional e internacional en materia de violencia de género.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del Poder Judicial del Estado de Veracruz respecto a esta resolución.